Un repaso por el sistema político de una región donde el caciquismo lleva dos siglos siendo diagnosticado, cuatro décadas siendo democráticamente elegido y ninguna siendo definitivamente superado.
Galicia tiene una relación con la política que podría definirse como escepticismo estructural con participación pragmática — una combinación que suena contradictoria hasta que se entiende que el gallego ha aprendido por experiencia histórica acumulada que los que mandan raramente mejoran las cosas de forma perceptible para quien labra la tierra o faena en el mar, pero que abstenerse de participar en el sistema que decide quién manda es una forma de empeorar las cosas de forma garantizada.
El resultado es una democracia regional que funciona con la solidez de las instituciones consolidadas y la vitalidad moderada de un electorado que ha visto suficientes gobiernos como para no esperar demasiado de ninguno — actitud que los politólogos llaman desafección democrática cuando es patológica y madurez cívica cuando es funcional, y que en Galicia resulta difícil clasificar porque tiene elementos de ambas con la ambigüedad característica de todo lo gallego.
Lo que distingue a la política gallega de la política de otras regiones españolas no es la calidad de sus instituciones ni la profundidad de su cultura democrática — ambas comparables a la media española con sus virtudes y sus miserias — sino la especificidad histórica de sus estructuras de poder: un caciquismo rural que la democracia formalizó sin eliminarlo del todo, un partido dominante que gobernó durante décadas con una hegemonía que los sistemas electorales proporcionales raramente producen, y una cuestión nacional — el galleguismo, la identidad, la lengua — que estructura el debate político con una transversalidad que los partidos manejan con una habilidad inversamente proporcional a su coherencia.
La Xunta de Galicia — el gobierno autonómico — existe formalmente desde 1981, cuando el Estatuto de Autonomía de Galicia entró en vigor como desarrollo del artículo 151 de la Constitución de 1978, que reservaba la vía rápida al autogobierno para las nacionalidades históricas que habían plebiscitado estatutos de autonomía durante la Segunda República.
Galicia había aprobado su Estatuto en referéndum en 1936 — un texto que el golpe militar de Franco convirtió en papel mojado antes de que pudiera aplicarse, con la crueldad simbólica adicional de que el golpe fue liderado por un gallego — y esa memoria del autogobierno frustrado dio a la autonomía gallega de 1981 una legitimidad histórica que las comunidades de vía lenta del artículo 143 no podían invocar con la misma intensidad.
Las competencias de la Xunta — sanidad, educación, servicios sociales, ordenación del territorio, pesca, agricultura, turismo, lengua — cubren las áreas que más directamente afectan a la vida cotidiana de los gallegos, con el resultado de que la política autonómica es en Galicia más relevante para el ciudadano ordinario que la política nacional, aunque las encuestas de participación electoral muestren lo contrario con la coherencia de las paradojas bien establecidas.
El Parlamento de Galicia tiene 75 escaños distribuidos entre las cuatro provincias con una ponderación que sobrerrepresenta a Lugo y Ourense — las provincias menos pobladas del interior — respecto a A Coruña y Pontevedra, decisión de diseño institucional que sus defensores atribuyen a la necesidad de garantizar representación al territorio despoblado y sus críticos atribuyen al hecho de que Lugo y Ourense han votado sistemáticamente más a la derecha que las provincias costeras, lo que hace la sobrerrepresentación conveniente para quien la diseñó con la visión estratégica de la coincidencia.
El sistema electoral gallego utiliza la Ley D'Hondt con circunscripciones provinciales — el mismo sistema que el Congreso de los Diputados, con la diferencia de que la magnitud de las circunscripciones gallegas es suficientemente pequeña como para producir un sesgo mayoritario que favorece a los partidos grandes sobre los pequeños con una consistencia que los partidos pequeños denuncian en cada legislatura y que los partidos grandes encuentran razonablemente satisfactoria.
El Partido Popular — o sus predecesores, la Alianza Popular de Manuel Fraga — ha gobernado Galicia durante la práctica totalidad del período autonómico, con dos paréntesis bipartidistas que confirman la regla por contraste: el gobierno PSdeG-BNG de Emilio Pérez Touriño (2005–2009) y la continuación que el PP interrumpió con una contundencia que Feijóo convirtió en punto de arranque de su proyección nacional.
La hegemonía del PP en Galicia es uno de los fenómenos más estudiados de la ciencia política española — un caso de dominio electoral en democracia que los politólogos analizan con categorías que van desde el partido predominante de Giovanni Sartori hasta teorías más heterodoxas que incorporan variables como el clientelismo institucional, la estructura demográfica del electorado y la habilidad del PP gallego para presentarse simultáneamente como partido de gobierno eficiente y partido de identidad gallega, combinación que en cualquier otra región española habría resultado incoherente y que en Galicia funcionó durante décadas con una eficacia que sus adversarios encontraban desconcertante.
Manuel Fraga Iribarne (Villalba, Lugo, 1922 — Madrid, 2012) es la figura que define la política gallega de las últimas décadas del siglo XX con una intensidad que ningún otro político regional español iguala en su territorio. Ministro de Franco, fundador de Alianza Popular, padre de la Constitución española — en el sentido de que participó en su redacción, no en el de que le gustara completamente —, dos veces candidato fallido a la presidencia del gobierno nacional y finalmente, con setenta años, presidente de la Xunta de Galicia durante cuatro legislaturas consecutivas (1990–2005).
Fraga en Galicia es una paradoja política de considerable interés: el hombre que había sido ministro de la dictadura gobernó la Galicia democrática con una legitimidad electoral que sus adversarios nunca consiguieron disputarle seriamente, construyendo un aparato de poder regional que combinaba gestión institucional competente — en los términos en que la época lo medía — con una red de lealtades personales, favores distribuidos y dependencias creadas que los politólogos describen con el término técnico de clientelismo y que los beneficiarios del sistema describían como buena política.
Su estilo de gobierno era tan personal como su presencia física — que era considerable. Fraga no delegaba, no cedía el protagonismo con facilidad y gestionaba la Xunta con la energía de quien ha llegado tarde a donde quería llegar y no está dispuesto a desperdiciar el tiempo que le queda. Los funcionarios de la Xunta de su época tienen historias de llamadas telefónicas a las siete de la mañana y de reuniones a las que llegabas con informes que el presidente ya había leído antes que tú con una atención que te hacía desear haberlos redactado mejor.
Murió en 2012, a los 89 años, con suficiente tiempo para ver cómo su sucesor se convertía en el líder nacional del partido que él había fundado — y con la probable satisfacción de quien sabe que las estructuras que construyó sobrevivieron al constructor.
Alberto Núñez Feijóo (Os Peares, Ourense, 1961) sucedió a Fraga en la presidencia de la Xunta en 2009 con la tarea aparentemente imposible de mantener la hegemonía del PP en un momento en que el partido nacional estaba en sus horas más bajas y la crisis económica hacía el gobierno de cualquier cosa una actividad de alto riesgo electoral.
Lo que siguió fue una de las trayectorias políticas más consistentes de la democracia española: cuatro mayorías absolutas consecutivas en Galicia (2009, 2012, 2016, 2020), un récord de estabilidad política autonómica que ningún otro presidente regional había conseguido en España y que convirtió a Feijóo en el político del PP con mayor capital político acumulado en el momento en que el partido nacional necesitaba con urgencia alguien que supiera ganar elecciones.
Su estilo de gobierno en Galicia fue en las antípodas del de Fraga: donde Fraga era volcánico, Feijóo era glacial; donde Fraga era omnipresente, Feijóo era selectivo; donde Fraga generaba drama, Feijóo producía aburrimiento institucional de la variedad más rentable electoralmente. El "feijooísmo" — ese estilo de gobierno que los analistas describían como pragmático, moderado, gestor antes que ideológico — fue durante años el modelo al que el PP nacional miraba con la nostalgia de quien sabe que necesita algo parecido y no sabe cómo reproducirlo fuera de Galicia.
En 2022, Feijóo dio el paso inevitable: dejó la presidencia de la Xunta para liderar el PP nacional con la misión explícita de arrebatarle el gobierno a Pedro Sánchez — misión que las elecciones generales de 2023 cumplió a medias, en el sentido de que el PP ganó las elecciones en votos y escaños pero no consiguió formar gobierno, resultado que la lógica parlamentaria española produjo con la puntualidad de lo que ocurre cuando nadie tiene mayoría suficiente y todos tienen vetos suficientes.
Alfonso Rueda Valenzuela (Pontecaldelas, Pontevedra, 1968) sucedió a Feijóo en la presidencia de la Xunta en 2022 con la tarea comparativamente menos glamurosa pero igualmente exigente de mantener la hegemonía del PP en Galicia sin el carisma personal de ninguno de sus predecesores — ni la energía de Fraga ni el perfil nacional de Feijóo.
Las elecciones autonómicas de 2024 — convocadas en el contexto de la agitación política nacional generada por la investidura de Pedro Sánchez y el debate sobre la amnistía — le dieron a Rueda una mayoría absoluta que muchos analistas no esperaban de una candidatura que el propio PP presentaba con la modestia de quien no quiere generar expectativas excesivas. El resultado confirmó algo que la sociología electoral gallega lleva décadas documentando: el PP gallego tiene una base electoral estructural que funciona con independencia relativa de quién lo lidere nacionalmente y de cuál sea el estado de ánimo político general, base construida sobre décadas de presencia institucional, redes de lealtad y una identificación entre "PP" y "gobierno competente de Galicia" que los adversarios han intentado romper sin éxito suficiente.
El Partido dos Socialistas de Galicia — la federación gallega del PSOE — tiene en la historia política autonómica el papel estructural de primer partido de oposición con vocación de gobierno que se ejerce en períodos breves e intensos antes de volver a la oposición con la resignación de quien sabe que en algún momento tocará otra vez.
El gobierno Touriño (2005–2009) — el bipartidismo PSdeG-BNG que gobernó Galicia en la única alternancia de largo recorrido de la democracia autonómica — es el punto de referencia obligado de cualquier análisis de la izquierda gallega: una legislatura de gestión que sus protagonistas califican de exitosa y que el electorado castigó en 2009 con suficiente contundencia como para que Feijóo obtuviera mayoría absoluta en su primera elección, resultado que los socialistas gallegos han interpretado durante años con la creatividad analítica de quien necesita encontrar factores externos que expliquen lo que prefieren no atribuir a factores internos.
José Blanco, Emilio Pérez Touriño, Pachi Vázquez, Gonzalo Caballero, José Ramón Gómez Besteiro — la secuencia de líderes del PSdeG en los últimos veinte años refleja una dificultad estructural de liderazgo que los socialistas gallegos atribuyen a causas diversas según el momento y que los analistas externos atribuyen con más consistencia a la combinación de una base electoral insuficiente para ganar en solitario y una incapacidad recurrente para construir coaliciones estables con el BNG.
El Bloque Nacionalista Galego es la coalición política que articula el galleguismo de izquierda — el nacionalismo gallego en su versión progresista — desde su fundación en 1982, cuando diversas organizaciones de izquierda nacionalista confluyeron en una plataforma que intentaba ser a Galicia lo que el PNV es al País Vasco y lo que CiU era a Cataluña, con el inconveniente de que el contexto gallego ofrecía menos combustible para ese proyecto que el vasco o el catalán.
La historia del BNG es la historia de una organización que ha oscilado entre la moderación necesaria para gobernar y la radicalidad necesaria para movilizar a su base, entre la transversalidad que amplía el electorado y la coherencia ideológica que fideliza al militante, entre la coalición con el PSdeG que da acceso al poder y la independencia que preserva la identidad diferenciada. Ninguna de estas tensiones ha sido resuelta definitivamente — la organización las gestiona legislatura a legislatura con el pragmatismo de quien no puede permitirse resolverlas porque la resolución implicaría perder a alguno de los sectores que la componen.
Ana Pontón — la actual portavoz nacional del BNG, la figura que desde 2016 ha liderado la renovación de la organización con un perfil más moderado, más institucional y más orientado al electorado de centro-izquierda que al militante ideológico de base — representa el intento más reciente y más exitoso de resolver la tensión histórica del BNG entre movilización y gobierno.
Los resultados electorales de la última década le dan la razón en términos de crecimiento electoral: el BNG ha recuperado bajo su liderazgo votos y escaños que había perdido en los años de mayor fragmentación de la izquierda alternativa, y Pontón es hoy la figura de oposición más valorada del panorama político gallego según las encuestas — distinción que en un sistema donde el PP tiene mayoría absoluta tiene el valor relativo de lo que se mide en el terreno que el ganador no ocupa.
El caciquismo — ese sistema de poder informal basado en el control de los recursos públicos, el favor personal y la dependencia creada — es en Galicia más que un concepto histórico de los libros de Joaquín Costa: es una realidad política documentada que el sistema democrático ha transformado sin eliminar, adaptado sin superar y regularizado sin legalizar del todo.
El cacique gallego clásico del siglo XIX y primera mitad del XX era el propietario rural, el notario, el párroco o el abogado de pueblo que controlaba el acceso a los recursos — tierra, trabajo, crédito, documentos, influencia — y lo intercambiaba por lealtad política con la naturalidad de quien no concibe que haya otra forma de organizar las relaciones sociales. Los estudios de sociología política de la Restauración española tienen en Galicia su laboratorio más documentado, con pueblos donde el resultado electoral era decidido antes del día de votación por acuerdos entre el cacique local y el partido en el poder con una eficiencia que las encuestas electorales contemporáneas envidiarían.
El caciquismo democrático del siglo XXI es más sofisticado en sus formas aunque no necesariamente más virtuoso en su sustancia: ya no se compran votos directamente — o raramente, y con mayor discreción — sino que se construyen dependencias institucionales. El concejal que gestiona qué empresas reciben los contratos municipales. El diputado que facilita subvenciones a las asociaciones de su circunscripción. El presidente autonómico que distribuye inversiones en infraestructuras con un ojo en los resultados electorales de los municipios beneficiados. El funcionario que sabe que su plaza de libre designación depende de la continuidad del gobierno que la firmó.
Nada de esto es exclusivo de Galicia — ocurre en todas las democracias con mayor o menor intensidad. Pero en Galicia tiene una larga historia documentada, una naturalización cultural profunda y una dificultad específica de erradicación en un territorio rural disperso donde las relaciones de dependencia personal tienen más peso que en los entornos urbanos anónimos donde el ciudadano puede permitirse el lujo de votar sin consecuencias para sus relaciones con la administración.
El galleguismo — la corriente política que reivindica la identidad nacional gallega, la protección de la lengua y la ampliación del autogobierno — tiene en Galicia una presencia cultural y electoral que lo distingue del simple regionalismo pero que no ha conseguido, a diferencia del nacionalismo vasco o catalán, construir un proyecto hegemónico de Estado propio con apoyo mayoritario.
Las razones son múltiples y han sido analizadas hasta el agotamiento por los propios galleguistas: la historia de emigración que diluyó la identidad territorial, la debilidad económica que hace la independencia menos atractiva que en territorios ricos, la ausencia de un conflicto histórico con el Estado tan intenso como el vasco o tan reciente como el catalán, y — la explicación que los galleguistas mencionan con menos frecuencia — el hecho de que el PP gallego, partido claramente español antes que gallego en su identidad, ha sido capaz de presentarse como buen gestor de Galicia dentro de España con suficiente éxito electoral como para que el proyecto galleguista no haya encontrado el espacio de masa crítica que necesitaba.
El debate sobre la independencia tiene en Galicia una presencia marginal en el espectro electoral — las posiciones claramente independentistas representan una minoría reducida incluso dentro del BNG, que oficialmente defiende el derecho de autodeterminación con la ambigüedad táctica de quien no quiere comprometer su electorado centrista con una posición que ese electorado no comparte.
La política lingüística — la regulación del uso del gallego y el castellano en la administración, la educación y la vida pública — es el campo donde la cuestión nacional se expresa con mayor concreción y mayor intensidad en la política gallega contemporánea.
El modelo del gobierno Fraga — galeguización progresiva de la administración y la enseñanza, con avances lentos pero continuados — fue sustituido bajo el primer gobierno Feijóo por el decreto de plurilingüismo (2010), que redujo la presencia del gallego en la enseñanza y fue recibido por las organizaciones galleguistas con la indignación de quien ve retroceder décadas de normalización lingüística y por el PP con la satisfacción de quien ha cumplido una promesa electoral a su electorado castellanohablante urbano.
El debate lingüístico gallego tiene la particularidad de ser simultáneamente un debate técnico — cuántas horas de gallego en la enseñanza producen qué nivel de competencia lingüística, según qué estudios — y un debate identitario en el que las posiciones se determinan más por la afiliación política que por la evidencia empírica, con cada partido citando los estudios que confirman su posición previa con la selectividad habitual de quien usa la ciencia como argumento antes que como guía.
La política gallega ha tenido sus escándalos de corrupción — inevitables en cuatro décadas de democracia y en cualquier sistema donde el poder controla recursos públicos con supervisión imperfecta — aunque con una intensidad y una visibilidad menores que los grandes escándalos nacionales del PP (Gürtel, Bárcenas) o los autonómicos de Madrid o Valencia.
El caso Galicia — la investigación sobre financiación irregular del PP gallego en los años noventa — produjo durante años la incomodidad de procesos judiciales que el partido gestionó con la estrategia habitual de los partidos en estas situaciones: negación inicial, admisión selectiva cuando la evidencia lo hizo inevitable y argumento de que los responsables individuales ya habían sido apartados.
Los contratos de obra pública — el área donde la corrupción política tiene más oportunidades estructurales — han generado en Galicia investigaciones y procesos judiciales que los medios gallegos han seguido con la atención que merecen y con la limitación de recursos que reduce esa atención a lo más visible antes que a lo más sistemático.
El hundimiento del Prestige en noviembre de 2002 — el petrolero que vertió 77.000 toneladas de fuel en las costas gallegas, la mayor catástrofe ecológica de la historia española — fue también una crisis política de primer orden que puso en evidencia la gestión del gobierno del PP en todos sus niveles: el gobierno de Fraga en Galicia, el gobierno de Aznar en Madrid y la coordinación entre ambos.
La decisión de alejar el barco de la costa en lugar de llevarlo a puerto para contener el vertido — decisión adoptada contra el criterio de parte de los expertos consultados, con el argumento de proteger la costa que acabó siendo la más perjudicada — generó una controversia técnica y política que los tribunales gestionaron durante años y que la memoria colectiva gallega procesa todavía como ejemplo de mala gestión institucional elevada a categoría histórica.
El movimiento "Nunca Máis" — la movilización ciudadana masiva que surgió en respuesta a la catástrofe y a la gestión política de la misma — fue la mayor expresión de indignación civil de la Galicia democrática, con manifestaciones que concentraron en Santiago de Compostela a entre 100.000 y 200.000 personas según la fuente — el gobierno decía menos, los organizadores decían más, con la exactitud habitual de los recuentos de manifestaciones en España.
La política gallega se vive con mayor intensidad en el nivel municipal que en ningún otro — no porque los ayuntamientos tengan más competencias que la Xunta, que no las tienen, sino porque en el municipio gallego, especialmente en los de menor tamaño, la política es indistinguible de la vida cotidiana de una forma que la política autonómica o nacional nunca alcanza.
El alcalde del municipio rural gallego es simultáneamente el representante de la administración más próxima, el responsable del único servicio público que el ciudadano ve funcionar o no funcionar todos los días, el gestor de los recursos que determinan si se arregla la carretera del lugar o se espera otra legislatura, y el vecino con quien te cruzas en la tienda el viernes y tienes que saludar independientemente de lo que pienses de sus últimas decisiones de gobierno.
Esta proximidad hace la política municipal gallega más intensa, más personal y más susceptible a los mecanismos de clientelismo y dependencia que en la política autonómica o nacional están mediados por más capas institucionales. También la hace más responsiva — cuando algo falla en un municipio pequeño, el alcalde lo sabe antes que nadie porque se lo dicen en la calle con la franqueza que la retranca permite y a veces sin ella.
Las cuatro ciudades principales — Vigo, A Coruña, Santiago de Compostela y Ourense — tienen dinámicas políticas más complejas y más parecidas a las de las ciudades medias españolas en general, con electorados más diversificados, medios de comunicación más activos y debates sobre urbanismo, movilidad, vivienda y servicios que reproducen con escala regional los debates de las grandes metrópolis.
Vigo — la mayor ciudad gallega por población, con más de 300.000 habitantes en el municipio y cerca de 500.000 en el área metropolitana — ha sido gobernada durante décadas por Abel Caballero, alcalde socialista que ha construido una hegemonía municipal propia basada en un estilo de gestión que sus admiradores describen como eficaz y orientado al ciudadano y sus críticos describen como populismo de proximidad con exceso de protagonismo personal, con la posibilidad no desdeñable de que ambas descripciones sean simultáneamente correctas.
Caballero ha convertido el Ayuntamiento de Vigo en un caso de estudio de marketing municipal — las luces de Navidad de Vigo son un producto turístico con alcance nacional, la marca "Vigo" ha crecido en visibilidad más rápido que la economía que la sustenta, y el alcalde aparece en todos los proyectos de la ciudad con una regularidad que sus colaboradores encuentran energizante y sus adversarios encuentran agotadora — con resultados electorales que confirman que el electorado vigués, sea lo que sea lo que piensa, sigue votándole con una fidelidad que los partidos de oposición llevan décadas intentando romper sin éxito definitivo.
La política gallega tiene en el sistema político español una función que va más allá de sus proporciones demográficas: Galicia es para el PP lo que Andalucía es para el PSOE — una reserva electoral y un campo de pruebas de liderazgo donde los proyectos políticos del partido se testean antes de su exposición nacional.
Fraga construyó desde la presidencia de la Xunta la base de legitimidad del PP como partido de gobierno. Feijóo construyó desde Galicia el perfil de gestor moderado que el PP necesitaba después de los años de Rajoy y el desgaste de la corrupción. La Galicia del PP no es solo un granero de votos — es una incubadora de liderazgo que el partido nacional ha utilizado con más eficacia de la que sus adversarios estarían dispuestos a reconocer.
Para el PSOE y la izquierda en general, Galicia es en cambio un territorio resistente que confirma periódicamente la dificultad de construir mayorías progresistas en comunidades con electorado rural envejecido, estructuras de dependencia institucional consolidadas y una tradición de desconfianza hacia los proyectos de cambio que la historia ha alimentado con suficientes decepciones.
El despoblamiento del interior gallego — ese vaciamiento demográfico de Lugo y Ourense que las políticas de desarrollo rural llevan décadas intentando frenar sin éxito suficiente — es el reto político más genuino de la Galicia contemporánea porque no tiene solución en el interior del sistema político regional.
Ninguna política autonómica puede crear por sí sola las condiciones económicas que harían atractivo vivir en una aldea de la Terra de Trives para un joven de 28 años con titulación universitaria y conexión a internet suficientemente rápida como para trabajar en remoto. Las subvenciones al asentamiento rural, los incentivos fiscales, los planes de banda ancha — todas estas políticas son necesarias y todas son insuficientes porque el mercado de trabajo, la oferta cultural y las perspectivas vitales que las ciudades ofrecen respecto a los pueblos del interior son una diferencia estructural que ninguna política sectorial puede compensar completamente.
Los políticos gallegos mencionan el despoblamiento en cada discurso con la regularidad de quien sabe que el problema existe y la honestidad de quien no sabe resolverlo, alternando entre la autofelicitación por las iniciativas lanzadas y el reconocimiento implícito de que las tendencias demográficas continúan independientemente de las iniciativas.
Los incendios forestales de verano — consecuencia del cambio climático, del abandono rural, de la proliferación de eucaliptos y de, en algunos casos, la intervención humana dolosa — son el punto donde la política gallega se encuentra con consecuencias físicas que no admiten el aplazamiento que la política prefiere: cuando arden decenas de miles de hectáreas en agosto, la demanda de responsabilidades es inmediata y la oferta de explicaciones institucionales raramente la satisface.
La política forestal gallega — quién gestiona los montes, cómo se regula la plantación de eucaliptos, qué medidas de prevención se aplican, cómo se financia la vigilancia — es uno de los debates más técnicamente complejos y más políticamente simplificados del panorama gallego. La simplificación es inevitable: cuando hay fuego, alguien tiene que ser responsable, y el sistema político es experto en encontrar responsabilidades que sean suficientemente plausibles como para satisfacer la demanda de rendición de cuentas sin ser suficientemente precisas como para implicar consecuencias institucionales duraderas.
El problema de la vivienda — el acceso de los jóvenes al alquiler y la compra en un contexto de precios crecientes y salarios estancados — llegó a Galicia más tarde que a Madrid, Barcelona o las grandes ciudades del Mediterráneo, pero con una velocidad de aceleración que las políticas autonómicas no han anticipado con suficiente agilidad.
Santiago de Compostela, Vigo y A Coruña tienen ya tensiones de mercado de vivienda que combinan la presión turística — las VUT que convierten pisos residenciales en apartamentos turísticos — con la demanda estudiantil, la llegada de trabajadores de sectores en expansión y la inercia de un mercado de construcción que durante los años posteriores a la burbuja inmobiliaria de 2008 produjo poca vivienda nueva y acumuló el déficit que el mercado empieza a notar con la precisión de los precios.
La política de vivienda gallega — competencia compartida entre la Xunta y los ayuntamientos, con el gobierno nacional estableciendo el marco regulatorio — tiene todos los ingredientes para convertirse en el próximo gran debate electoral: un problema visible que afecta a un segmento de población joven y urbano con alta propensión al voto, soluciones conocidas pero costosas, intereses económicos afectados considerables y el espacio político disponible para quien consiga articular primero la respuesta más convincente.
La política gallega es, en última instancia, un reflejo de la sociedad que la produce — con todas sus virtudes y todas sus contradicciones, con su escepticismo estructural y su participación pragmática, con su memoria larga de lo que el poder hace cuando no se le vigila y su memoria corta de lo que prometió en la última campaña electoral.
Es una política que lleva cuatro décadas construyendo instituciones democráticas sobre estructuras de poder informal que las preceden en siglos y que no desaparecen porque alguien cambie el nombre del sistema. Es una política que gestiona un territorio en declive demográfico con los instrumentos diseñados para territorios en crecimiento. Es una política que intenta preservar una identidad cultural en un mundo que tiende a la homogeneización con herramientas que funcionan mejor para la preservación que para la revitalización.
Y es, también, una política que ha producido instituciones que funcionan, servicios públicos que llegan — con desigualdad, con retraso, con insuficiencia, pero llegan —, y un marco de convivencia democrática que la historia anterior a 1978 no garantizaba.
En Galicia, como en todo, hay que medir los logros contra el punto de partida antes de exigir más al presente.
Aunque exigir más al presente sea, precisamente, la función de la política.
Pode que si.